Defendemos la tierra, el agua y el medio ambiente. Un Perú verde, sostenible y en armonía con la naturaleza para las futuras generaciones.
Protección decidida de nuestros ecosistemas, biodiversidad y comunidades afectadas por la contaminación. El medio ambiente no es negociable.
Ampliación de áreas naturales protegidas. Defensa de la Amazonía, los glaciares y los humedales contra la explotación irracional.
Limpieza y restauración de ríos, suelos y aire contaminados por la minería, la industria y los pasivos ambientales históricos.
Las comunidades afectadas por la contaminación deben ser compensadas. Consulta previa real y vinculante para proyectos extractivos.
Tolerancia cero con la deforestación ilegal. Monitoreo satelital, fortalecimiento de SERNANP y sanciones drásticas contra traficantes de madera.
El agua es un derecho humano fundamental, no una mercancía. Acceso universal, gestión sostenible y protección de nuestras fuentes hídricas.
Consagrar el acceso al agua potable como derecho fundamental en la nueva Constitución. El agua no se privatiza.
Inversión masiva en infraestructura de agua potable y saneamiento, priorizando zonas rurales y periurbanas que carecen del servicio.
Gestión integral de cuencas hidrográficas. Reforestación de cabeceras de cuenca, siembra y cosecha de agua con tecnología ancestral.
Modernización del riego agrícola con sistemas de goteo y aspersión. Uso eficiente del agua en la agricultura para enfrentar la escasez.
Una transición justa hacia energías limpias y prácticas sostenibles. Combatir el cambio climático creando empleo verde y oportunidades.
Inversión masiva en energía solar, eólica e hidroeléctrica de pequeña escala. Meta: 60% de energía renovable para 2035.
Promoción de transporte público eléctrico, ciclovías, trenes interurbanos y reducción progresiva de combustibles fósiles.
Reducir, reutilizar, reciclar. Políticas de cero residuos, responsabilidad extendida del productor e incentivos para la economía circular.
Planificación inteligente del territorio que respete el medio ambiente, prevenga desastres y garantice el desarrollo equilibrado de todas las regiones.
Aprobación de una Ley Marco de Ordenamiento Territorial que regule el uso del suelo, la zonificación y la planificación espacial.
Sistemas de alerta temprana, mapas de riesgo actualizados e inversión en prevención. No más construcción en zonas de alto riesgo.
Transferencia efectiva de competencias y recursos a las regiones. Desarrollo territorial equilibrado que cierre las brechas entre Lima y el resto del país.
Planificación urbana con áreas verdes, vivienda digna, servicios accesibles y movilidad sostenible. Ciudades para las personas, no para los autos.