Refundar las instituciones del Estado para construir un Perú soberano, transparente y que reconozca su diversidad.
El pueblo merece una Constitución que nació de sus manos, no de un golpe de Estado. Una carta magna que garantice derechos sociales, soberanía sobre los recursos naturales y participación popular directa.
Convocatoria democrática a una Asamblea Constituyente con participación de los pueblos originarios, mujeres, trabajadores y organizaciones sociales.
Consagrar en la Constitución el derecho a la educación, salud, vivienda, trabajo digno y alimentación como derechos fundamentales e irrenunciables.
Los recursos del subsuelo pertenecen al pueblo. Renegociación de contratos mineros y energéticos en beneficio nacional.
Referéndum vinculante, revocatoria efectiva, presupuesto participativo y mecanismos de control ciudadano permanente.
La corrupción es el cáncer que devora al Estado. Se requiere voluntad política firme, instituciones independientes y penas ejemplares.
Inhabilitación perpetua de cargos públicos para funcionarios condenados por corrupción. Confiscación de bienes ilícitos.
Autonomía presupuestal, personal calificado y capacidad sancionadora real. Control en tiempo real de la ejecución del gasto público.
Plataformas digitales de rendición de cuentas. Datos abiertos sobre contrataciones, presupuesto y declaraciones juradas en tiempo real.
Fiscalía y Poder Judicial independientes, con selección meritocrática de magistrados y control ciudadano efectivo.
El Perú es un país de muchas naciones, lenguas y culturas. Un Estado Plurinacional reconoce y celebra esta diversidad como su mayor riqueza.
Autonomía territorial, gobierno propio y justicia comunitaria para los pueblos originarios del Perú, respetando sus usos y costumbres.
Quechua, aymara y lenguas amazónicas como idiomas oficiales con uso obligatorio en servicios públicos de sus territorios.
Ningún proyecto extractivo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Derecho al veto comunitario.